Comerciantes del Gran Santo Domingo recurren a rejas y cámaras para proteger sus negocios ante la delincuencia
Los propietarios de pequeños establecimientos comerciales del Gran Santo Domingo están recurriendo cada vez más a rejas metálicas, mallas protectoras, cámaras de vigilancia, cerraduras reforzadas y reducción de horarios como medidas para proteger sus negocios frente a los robos y atracos. La situación refleja la preocupación de comerciantes que aseguran haber tenido que modificar su forma de trabajar para reducir los riesgos.
De acuerdo con un reportaje publicado este viernes por Diario Libre, algunos colmaderos han optado por atender a sus clientes detrás de estructuras metálicas, mientras otros evitan permitir el acceso directo de desconocidos al establecimiento. Estas medidas, que antes podían verse principalmente en negocios que operaban en zonas consideradas vulnerables, se han convertido en una alternativa de protección para comerciantes de distintos sectores.
Negocios que cambian su forma de operar
El reportaje recoge el caso de Yeison De León, propietario de un colmado en Los Jardines del Norte, quien decidió mantener cerrada gran parte de la entrada después de sufrir tres atracos. Su experiencia ilustra el impacto que estos hechos pueden tener sobre los pequeños negocios, cuyos propietarios deben continuar trabajando mientras procuran proteger sus mercancías, sus ingresos y su integridad física.
También se describen situaciones en las que los comerciantes desconfían de operaciones aparentemente rutinarias. Una de las modalidades que mencionan consiste en solicitar un producto económico y pagar con un billete de alta denominación, aprovechando el momento en que el dependiente busca el cambio para intentar distraerlo.
La preocupación no se limita a las pérdidas económicas. La instalación de barreras físicas modifica la relación cotidiana entre el comerciante y el cliente, reduce el contacto directo y puede obligar a cerrar más temprano, con consecuencias para las ventas y la convivencia comunitaria.
La seguridad también representa un gasto
Proteger un establecimiento exige una inversión adicional. El reportaje recoge el testimonio de un comerciante que afirmó haber gastado más de RD$50,000 en estructuras metálicas. Para los negocios pequeños, estos gastos representan una carga importante, especialmente cuando deben combinarse con el pago del alquiler, la electricidad, los proveedores y otros compromisos.
El mismo trabajo periodístico cita datos según los cuales el 82 % de las empresas consultadas había instalado cámaras de vigilancia. También señala que el sector de seguridad privada genera más de 62,000 empleos formales y reclama una legislación específica cuya aprobación lleva años pendiente.
La situación abre una discusión sobre la responsabilidad de las autoridades en la prevención del delito y la necesidad de que los comerciantes puedan trabajar sin verse obligados a convertir sus establecimientos en espacios prácticamente cerrados al público.
La instalación de cámaras y rejas puede ayudar a disuadir delitos y documentar incidentes, pero no sustituye la prevención policial, la investigación de las denuncias ni las políticas públicas dirigidas a mejorar la seguridad.
Lo que debe seguirse: la respuesta de las autoridades ante las denuncias de los comerciantes, la evolución de los hechos delictivos y las medidas que se adopten para reforzar la protección de los negocios de barrio.
